Es un tributo de la libertad el obrar de acuerdo con lo que se conoce, pero la responsabilidad tiene que moderar la tentación de convertir ‘mi realidad’ en una suerte de ‘ley’ obligatoria. Es lícito que un gobierno sustente su visión acerca de la realidad, pero es arbitrario que la quiera imponer. El intento de lograr que una ideología se difunda no es para un mero cotejo democrático de ideas; por el contrario, se busca – desde el ámbito político- que se arraigue y se legitimice socialmente. ¿Cuál es uno de los cauces más eficaces para lograrlo en el mediano y largo plazo? Obviamente, la educación:  por medio de los planes de estudio, de la cultura y de las actividades escolares.

Al decretar la educación como un servicio público, de paso se acredita al Estado como el único garante y operador educativo. Sin ese “respaldo” legal sería inviable conseguir el agazapado propósito de generar un pensamiento único, contrario a la libertad de enseñanza y de pensamiento.

La libertad de enseñanza es un principio casi olvidado en las políticas educativas, que afecta por igual a los padres de familia y a los colegios. En las diferentes normas educativas últimas no solo no se alienta, sino más bien se incuban modos para suprimirla. Para los matriculados en la escuela estatal, no existe la elección entre distintas alternativas: el riesgo es la uniformidad. El Estado se justifica sesgando sus argumentos hacia lo económico (la gratuidad), pero atenta contra la libertad de los padres de familia de dos formas: a) al no acompañarlos operativamente cuando aquellos quieren una educación de gestión privada y b) como las escuelas públicas son uniformes, es decir, no se distinguen entre sí, no se tiene la posibilidad de elegir aquella que ofrece un mejor servicio educativo o una cultura más centrada en el alumno, por ejemplo.

La multiplicidad de escuelas privadas no tiene como objeto competir con las de gestión estatal. Lo suyo es garantizar la pluralidad de visiones educativas para que los padres elijan la que más convenga a sus objetivos familiares. También es mantener activo y vigente el estilo y la convivencia democrática en la medida en que se respeten y valoren puntos de vista diferentes, pero convergentes en el bien común de un país.

La imposición abierta o soterrada de ideologías como política gubernamental afecta la centralidad de la escuela: la enseñanza y trasmisión de conocimientos. Si los conocimientos se adquieren al margen de la realidad, a costa de lo que otros quieran, las escuelas corren el riesgo de convertirse en centros de adoctrinamiento. Sin referencia a la realidad, sin normas objetivas, la elección entre lo bueno y lo malo se determina por conveniencias o caprichos.

Los centros educativos no pueden ser tratados como laboratorios en donde se ensayen cada tanto ‘ideas felices’, pergeñadas por los ideólogos de los gobiernos de turno. Las escuelas, las cuales incluyen a los padres de familia, los profesores y los alumnos, merecen respeto y consideración. La imposición de una idea o programa afecta radicalmente a tres elementos de la sociedad: 1) a la exquisita naturaleza de las cosas, 2) a la dignidad y libertad de las personas y 3) a la esencia de las escuelas, que es la trasmisión de conocimientos y valores. 

Digámoslo con fuerza, las malas prácticas de algunas pocas escuelas no pueden usarse como excusa para anular la existencia y minimizar el aporte de la educación privada. La corrección de aquellas debe ser pronta, severa y constante, pero no tiene por qué atentar contra el principio de la libertad de enseñanza ni privar a la sociedad de que se beneficie con la innovación y pluralidad que ofrece la educación privada.

Lic. Edistio Cámere
Psicólogo y Educador
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